Naciones Unidas: Un programa de inclusión de la discapacidad como respuesta a la COVID-19
1. Resumen General
La crisis mundial de la COVID-19 está agravando las desigualdades preexistentes, mostrando el alcance de la exclusión y poniendo de relieve que es fundamental trabajar en la inclusión de la discapacidad.
Las personas con discapacidad -mil millones de personas- son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre los más afectados por esta crisis en términos de mortalidad.
Incluso en circunstancias normales, es menos probable que las personas con discapacidad tengan acceso a la atención sanitaria, la educación, el empleo y la participación en la comunidad. Es más probable que vivan en la pobreza, experimenten tasas más altas de violencia, abandono y abuso, y se encuentren entre los más marginados de cualquier comunidad afectada por una crisis.
COVID-19 ha agravado aún más esta situación, afectando desproporcionadamente a las personas con discapacidad tanto directa como indirectamente.
Es necesario un enfoque integral para garantizar que las personas con discapacidad no se queden atrás en la respuesta y la recuperación de la COVID-19.
Se trata de situarlos en el centro de la respuesta, participando como agentes de planificación y ejecución. Todas las medidas relacionadas con COVID-19 deben prohibir cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad y tener en cuenta las interrelaciones de género y edad, entre otros factores. Esto es necesario hacerlo con eficacia y eficiencia para abordar y prevenir las barreras que puedan surgir durante la respuesta y la recuperación.
La inclusión de la discapacidad dará lugar a una reacción y recuperación de COVID-19 que servirá mejor a todos, eliminando de forma más eficaz el virus, así como reconstruyendo mejor. Proporcionará sistemas más ágiles capaces de responder a situaciones complejas, llegando primero a los más necesitados.
Este informe de política destaca el impacto de la COVID- 19 en las personas con discapacidad y, al hacerlo, esboza las principales medidas y recomendaciones para que la respuesta y la recuperación incluyan a las personas con discapacidades. Si bien el informe contiene recomendaciones específicas centradas en sectores clave, identifica cuatro esferas de acción generales que son aplicables a todos.
1. Asegurar la incorporación de la discapacidad en todas las actividades de respuesta y recuperación de la COVID-19, junto con medidas específicas. Es necesaria una combinación de medidas generales y específicas de la discapacidad para garantizar la inclusión sistemática de las personas con discapacidad.
2. Garantizar la accesibilidad a la información, instalaciones, servicios y programas en la respuesta y recuperación de la COVID-19.
La accesibilidad es fundamental para la inclusión de las personas con discapacidades en la respuesta sanitaria y socioeconómica inmediata a la COVID-19. Si la información sobre salud pública, el entorno construido, las comunicaciones y y los bienes y servicios no son accesibles, las personas con discapacidades no pueden tomar las decisiones necesarias, vivir de forma independiente y aislar o poner en cuarentena de forma segura, o acceder a los servicios de salud y públicos en igualdad de condiciones con los demás.
3. Asegurar la consulta efectiva y la participación activa de las personas con discapacidades y las organizaciones que las representan en todas las etapas de la respuesta y la recuperación de la COVID-19. Las personas con discapacidades tienen importantes contribuciones que hacer para afrontar la crisis y construir el futuro. Muchas personas con discapacidad tienen la experiencia de progresar en situaciones de aislamiento y formas de trabajo alternativas que pueden ofrecer modelos para afrontar la situación actual. Las perspectivas y experiencias vividas en materia de discapacidad contribuyen a la creatividad, los nuevos enfoques y las soluciones innovadoras a los problemas.
4. Establecer mecanismos de responsabilidad para asegurar la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la COVID-19. Asegurar la inclusión de inversiones para apoyar resultados que incluyan la discapacidad. Los gobiernos, los donantes, los organismos de las Naciones Unidas y otros agentes deben establecer mecanismos para supervisar las inversiones para asegurar que llegue a las personas con discapacidades. El desglose de los datos por discapacidad es fundamental para garantizar la rendición de cuentas.
La inclusión de las personas con discapacidad en la respuesta y la recuperación de la COVID-19 es una parte vital para alcanzar el compromiso de no dejar a nadie atrás, y una prueba crítica de los compromisos mundiales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa para la Humanidad y la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de los Discapacitados. También es fundamental para el compromiso de las Naciones Unidas de lograr un cambio transformador y duradero en la inclusión de la discapacidad.
2. Cómo afecta la COVID-19 a las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad se ven afectadas de manera desproporcionada por el brote de COVID- 19. Se estima que el 46% de las personas mayores de 60 años son personas con discapacidad1. Una de cada cinco mujeres es probable que experimente una discapacidad en su vida, mientras que uno de cada diez niños es un niño con una discapacidad2. De los mil millones de personas con discapacidad, el 80% vive en países en desarrollo3.
Representan una amplia población con diferentes discapacidades y necesidades de apoyo, que se enfrentan a importantes barreras en el ejercicio de sus derechos a lo largo de su vida. Algunos grupos se enfrentan a una marginación aún mayor -por ejemplo, las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, las personas sordociegas- que tienen más probabilidades de ser excluidas de los servicios, vivir o estar recluidas en instituciones, y experimentan tasas más elevadas de violencia, abandono y abuso.
Como refleja el informe «Responsabilidad compartida, solidaridad global» sobre el impacto socioeconómico de la pandemia, la COVID-19 es no es simplemente una crisis de salud, sino que está atacando a las sociedades en su meollo4. La respuesta se alimenta de las desigualdades sociales y económicas preexistentes asociadas a la discapacidad y amenaza con exacerbarlas aún más.
Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de contraer COVID-19. Pueden ser víctimas de barreras para aplicar las medidas básicas de protección como lavarse las manos y mantener la distancia física por varias razones: la falta de accesibilidad al agua, el saneamiento y la higiene (WASH); una dependencia del contacto físico para obtener apoyo; falta de acceso a información sobre salud pública; o ser internados en una residencia que a menudo están superpobladas y que son antihigiénicas5. Estas barreras se agudizan para los que viven en asentamientos ilegales y / o están afectados por emergencias humanitarias.
Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud más complejos y mueren debido a la COVID-19. Tienen más necesidades sanitarias y resultados en salud peores.
Por ejemplo, son más susceptibles a trastornos secundarios y co-morbilidades, tales como problemas pulmonares, diabetes y enfermedades cardíacas y la obesidad, que pueden empeorar el resultado de Infecciones por la COVID-196. Las barreras para acceder a la atención sanitaria se ven empeoradas aún más durante la crisis de la COVID-19, dificultando la atención sanitaria oportuna y apropiada a las personas con discapacidades.
Las personas con discapacidad que viven en residencias son más propensas a contraer el virus y tienen tasas de mortalidad más elevadas. Personas con discapacidades, incluidas las personas mayores con discapacidades, representan la mayoría de
personas que se encuentren ingresadas en una residencia de mayores en todo el mundo7.
Las personas con discapacidad también están sobrerrepresentadas en la población carcelaria, en concreto las personas con discapacidad intelectual y discapacidades psicosociales8. Los entornos institucionales, como las residencias de mayores9, hogares de atención social e instalaciones psiquiátricas, así como centros de detención y penitenciarías10, experimentan importantes barreras para aplicar medidas básicas de higiene y distancia física, y tienen un acceso limitado a las actividades relacionadas con la COVID-19, la información, pruebas y atención médica. Cada vez existen más pruebas que indican que las personas en instituciones están experimentando las tasas más altas de infección y mortalidad por COVID-1911. El porcentaje de muertes relacionadas con COVID-19 en centros asistenciales —en los que las personas mayores con discapacidades están sobrerrepresentados—, en un rango del 19% al 72% en los países en que se dispone de datos oficiales12.
Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria y a los procedimientos de urgencia durante el brote de la COVID-19. En algunos países, las medidas de restricción de la asistencia sanitaria, incluidos los protocolos de triaje (por ejemplo, camas de cuidados intensivos, ventiladores), no se basan en un pronóstico individual, sino más bien en criterios discriminatorios, como la edad o las hipótesis sobre la calidad o el valor de la vida basadas en la discapacidad13.
Además, el acceso a la atención sanitaria, la rehabilitación y las tecnologías asistenciales para las personas con discapacidad, incluso en lo que respecta a la accesibilidad y la asequibilidad14, también pueden restringirse debido a la mayor presión sobre los sistemas sanitarios.
Las personas con discapacidades se ven particularmente desfavorecidas por las consecuencias socioeconómicas de COVID-19 y las medidas para controlar la pandemia. El COVID-19 tiene implicaciones tanto a corto como a largo plazo para las personas con discapacidad en muchas facetas de la vida, que pueden verse agravadas aún más en contextos humanitarios y de desastres y en entornos frágiles:
• Impacto en el empleo y la protección social. Las personas con discapacidad, que ya se enfrentan a la exclusión en el empleo15, tienen más probabilidades de perder su trabajo y experimentan mayores dificultades para volver a trabajar durante la recuperación16. En la mayoría de los países, los sistemas de protección social ofrecen poco apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias, con mucho menos acceso a los sistemas de seguridad social. Sólo el 28% de las personas con discapacidades importantes tienen acceso a las prestaciones por discapacidad en todo el mundo, y sólo el 1% en los países con bajos ingresos17. El aumento de la demanda de servicios de atención y trabajo doméstico no remunerados en el contexto de la pandemia está profundizando las desigualdades ya existentes18, que pueden agravarse en el caso de las mujeres con discapacidad19.
• Impacto en la educación. Aunque todavía no disponemos de cifras fiables sobre estudiantes con discapacidad, es probable que la crisis actual haya agudizado su exclusión de la educación20. Como se detalla en el informe de política sobre la El impacto de COVID-19 en los niños, los estudiantes con discapacidad son los que menos probabilidades tienen de beneficiarse de soluciones de aprendizaje a distancia21. La falta de apoyo, acceso a Internet, software accesible y materiales de aprendizaje probablemente aumentarán la brecha para los estudiantes con discapacidad. La interrupción de los programas de capacitación y formación es probable que tengan efectos de gran alcance en los jóvenes con discapacidad que se enfrentan a una multitud de barreras para entrar en el mercado laboral.
• Impacto en los servicios de apoyo. Para muchas personas con discapacidad, el acceso a los servicios de apoyo es esencial para llevar una vida segura, sana e independiente. Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 han dado como resultado importantes alteraciones de los servicios, los sistemas de apoyo y las redes informales, como la asistencia personal, el lenguaje de signos y la interpretación táctil, y el apoyo psicosocial. El impacto económico de la COVID-19 también puede llevar a recortes aún mayores en los servicios existentes en el período post-pandémico
• Impacto de la violencia en las personas con discapacidad. En el informe de política sobre las repercusiones de la COVID-19 en las mujeres se documentan los primeros informes que indican un aumento sustancial de la violencia doméstica durante el período de vigencia de las medidas de aislamiento22, que tiene repercusiones especiales en las mujeres y las niñas con discapacidad23. Dado que tanto los niños como los adultos con discapacidad corren un riesgo mucho mayor de sufrir violencia que sus compañeros sin discapacidad24, cabe suponer que se ven afectados de manera desproporcionada. También se ha informado de un aumento del estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad en su entorno comunitario25.
3. Bases para una respuesta y recuperación de la COVID-19 con inclusión de la discapacidad
Se necesita un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos para garantizar que las personas con discapacidad no se queden relegadas26. Tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) como la Agenda 2030 piden que se sitúe a las personas con discapacidad en el centro de todos nuestros esfuerzos, como agentes de planificación y ejecución.
En todas las intervenciones es necesaria una combinación de medidas de integración y de medidas específicas.
Las personas con discapacidad comparten las mismas necesidades primarias que los demás: protección y asistencia sanitaria, servicios básicos, vivienda e ingresos. La mejor manera de abordar su inclusión es mediante la incorporación de la discapacidad en todos los planes y esfuerzos. Es necesario que las medidas específicas complementen la incorporación de la discapacidad abordando los requisitos específicos que no pueden cumplirse haciendo que las respuestas generales sean inclusivas.
NO DISCRIMINACIÓN
La no discriminación es un principio básico de los derechos humanos. La respuesta y recuperación de la COVID-19 debe prohibir la discriminación por motivos de discapacidad, así como cualquier criterio que pueda tener un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad. Es necesario reconocer y adoptar medidas contra la desventaja que experimentan las personas con discapacidad adoptando medidas proactivas, incluso mediante ajustes razonables, para asegurar que se beneficien por igual de las medidas de respuesta de COVID-1927.
INTERRELACIÓN
Las personas con discapacidad que experimentan discriminación múltiple e interseccional como resultado de su identidad de género, edad, etnia, raza, orientación sexual, origen, ubicación y situación legal, entre otros factores, asumen cargas más pesadas, económicas y sociales, de las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la pandemia28. La reacción y recuperación frente al COVID-19 necesitan reflejar y responder a las formas múltiples e interseccionales de la discriminación a la que se enfrentan las personas para asegurar que los los grupos más marginados no se queden rezagados.
ACCESIBILIDAD
Asegurar la accesibilidad a las instalaciones, servicios y a la información es fundamental para una inclusión de la discapacidad en la respuesta y recuperación de la COVID-19. Si la información sanitaria, los edificios, el transporte, las comunicaciones, las tecnologías, los bienes y los servicios no son accesibles, las personas con discapacidades no pueden tomar las decisiones necesarias, vivir de forma independiente y aislarse o ponerse en cuarentena de forma segura, o acceder a los servicios sanitarios y públicos en igualdad de condiciones que las demás personas. No es necesario que esas medidas aumenten mucho el costo general, especialmente si se tienen en cuenta las necesidades del máximo número de usuarios en el diseño inicial29. Las investigaciones demuestran que si se tienen en cuenta desde la fase de diseño, asegurar la accesibilidad puede costar tan poco como un 1% más30.
PARTICIPACIÓN
Las personas con discapacidad tienen derecho a participar plena y eficazmente en las decisiones que afectan a sus vidas31. Constituyen un grupo de población no homogéneo que posee un conocimiento único y una experiencia personal de discapacidad que otros no tienen.
La estrecha colaboración y la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones y sus representantes en todas las etapas, desde la planificación y diseño a la aplicación y la supervisión, es clave para asegurar una respuesta inclusiva. Las asociaciones y la colaboración mejorarán la eficacia y la rendición de cuentas, ayudarán a lograr directamente la inclusión y garantizarán que en todas las medidas relacionadas con la COVID-19 se beneficien personas con discapacidad, y contribuya al desarrollo y recuperación a largo plazo.
RENDICIÓN DE CUENTAS
La rendición de cuentas es esencial para asegurar que la respuesta y la recuperación de la COVID-19 sea inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad. Los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y otros actores son responsables ante las poblaciones afectadas, incluidas las personas con discapacidad, y es necesario establecer mecanismos para involucrar a las comunidades para informarlas sobre la programación y ajustarla según los datos recibidos.
DESGLOSE DE LOS DATOS
Para entender las diferentes formas en que las personas con discapacidad experimentan el impacto de la COVID-19, y para vigilar su inclusión en todas las fases de la respuesta y la recuperación, es esencial asegurar la recopilación y disponibilidad de datos desglosados por discapacidad. Con ese fin, los datos deberían ser recolectados utilizando métodos reconocidos internacionalmente como los instrumentos del Grupo de Washington32. Se pueden reunir datos cualitativos más exhaustivos a través de evaluaciones de necesidades y encuestas, como la Encuesta Modelo sobre Discapacidad de la OMS.
A efectos de planificación, cuando no se lleve a cabo la recolección de los datos primarios o no se disponga de fuentes de datos secundarios sobre la discapacidad, podrá utilizarse la estimación del 15% de personas con discapacidad de la población del Banco Mundial/OMS33.
4. Medidas y recomendaciones sectoriales para una respuesta y recuperación de la COVID-19 que incluya la discapacidad
En la siguiente sección se esbozan las principales medidas para proteger a las personas con discapacidad del contagio de la COVID-19 y el impacto del confinamiento, distanciamiento físico y medidas de aislamiento, y para lograr una respuesta y recuperación que incluya la discapacidad.
SALUD
Las personas con discapacidad son más susceptibles de infectarse con la COVID-19, y las barreras para acceder a los servicios sanitarios, incluidas los tests, aumentan durante la crisis. Las cuarentenas pueden llegar a ser un acceso restringido a los bienes y medicinas esenciales, así como limitar el acceso a los apoyos. La interrupción de los servicios de salud más generales pone a las personas con discapacidad en desventaja, ya que pueden requerir un acceso más frecuente debido a los problemas de salud subyacentes34.
Asegurar el acceso a la información sobre la salud pública. Una respuesta apropiada requiere medidas para asegurar que la información sea accesible, actualizada, y sigue el ritmo de los rápidos cambios y los conocimientos adquiridos durante la pandemia35.
Por ejemplo, Inclusion Europe ha producido información y enlaces sobre la COVID-19 en formato de fácil lectura en varios idiomas. A través del programa conjunto de la Asociación de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN PRPD)36 en Nepal, la información sobre COVID-19 incluía características de accesibilidad, incluido el lenguaje de signos.
Aplicar medidas de protección contra la COVID-19. Acceder a instalaciones apropiadas de WASH que hagan frecuente el lavado de manos es esencial, así como la adopción de medidas de protección específicas para quienes prestan apoyo a las personas con discapacidad, ya sea en el hogar o en instituciones. La distribución de equipo de protección personal a las personas con discapacidad debe estar adaptado a su discapacidad. Por ejemplo, dado que las máscaras hacen imposible leer los labios o ver las expresiones faciales, las personas sordas y con problemas de audición se beneficiarán más de los protectores faciales.
Asegurar la accesibilidad a los servicios. Es necesario adoptar medidas para facilitar el acceso puntual a los servicios de salud para las personas con discapacidad, como el transporte a los centros de salud, el acceso al lenguaje de signos en los hospitales, así como la adquisición de bienes, medicamentos y servicios. Los servicios de salud esenciales, incluida la salud sexual y reproductiva, deben ser accesibles, por ejemplo, asegurando que los programas de telesalud sean accesibles para las personas con discapacidades que requieren diferentes modos de comunicación.
A título de ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos han puesto en marcha un programa nacional para realizar pruebas a personas con discapacidades en sus hogares,
y hasta mediados de abril, había realizado 650.000 pruebas COVID-19 a personas con discapacidad.
Garantizar la no discriminación en la asignación de los escasos recursos médicos. Es importante mitigar el riesgo de que se adopten decisiones discriminatorias en la asignación de recursos que pongan a las personas con discapacidad en un alto nivel de desventaja37, aplicando principios éticos que den prioridad al tratamiento de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad38.
Hacer que las intervenciones en materia de salud mental incluyan a las personas con discapacidad. Ansiedad, confinamiento, aislamiento y consumo informativo, pérdida de medios de vida y sistemas de apoyo debido a el impacto de la pandemia en la salud mental de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Como se acredita en el documento normativo sobre las repercusiones de la COVID-19 en las personas de edad, las medidas de distanciamiento físico que restringen los visitantes y las actividades de grupo en las instituciones también pueden afectar negativamente a la salud física, así como a la salud y al bienestar mental39. La salud mental y el apoyo psicosocial deben ser accesibles y no discriminar a las personas con discapacidad.
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ENTORNOS INSTITUCIONALES
Los entornos institucionales se han convertido en puntos calientes de la COVID-19, lo que pone de relieve los desafíos sistémicos en estos entornos. Las personas con discapacidad en entornos institucionales se enfrentan a un mayor riesgo de contraer y morir a causa de la COVID-19. La situación se ve agravada por riesgos mayores, como el abuso, la restricción, el aislamiento y la violencia.
Preparar a las instituciones para prevenir y responder ante posibles infecciones. Esto incluye dar prioridad a las pruebas y medidas preventivas dentro de las instituciones para reducir los riesgos de infección, abordar el hacinamiento, el aislamiento y las medidas de distanciamiento físico entre los residentes, modificar las horas de visita, asegurar que el uso del equipo de protección sea obligatorio y mejorar las condiciones de higiene.
Es importante garantizar que las personas que contraen el virus reciban un tratamiento y una atención sanitaria adecuadas y, cuando sea necesario, que sean trasladadas a hospitales y/o unidades de atención de emergencia. En Canadá, por ejemplo, se han publicado directrices de pruebas prioritarias con medidas específicas para los entornos institucionales.
Reducir el número de personas en los entornos institucionales. Es importante tomar medidas inmediatas para dar de alta y sacar a las personas con discapacidades de las instituciones, siempre que sea posible. Las estrategias de desinstitucionalización deben acelerarse y reforzarse con plazos claros y puntos de referencia concretos.
Reducir el número de personas con discapacidad en las cárceles. Siempre que sea posible, será importante explorar la libertad anticipada y la libertad condicional o acortar o conmutar las sentencias. Otras posibles medidas serían reducir el uso de la prisión preventiva, y asegurar rápidamente el apoyo de la comunidad a través de la familia y/o redes informales40. En varios países del mundo los presos con discapacidades han sido liberados.
SERVICIOS DE APOYO
Muchas personas con discapacidad dependen de los servicios de apoyo para la vida diaria y para participar en sus comunidades. Estos incluyen asistencia personal, lenguaje de signos e interpretación táctil, servicios en el hogar y apoyo de pares, entre otros.
Asegurar la continuidad de los servicios de apoyo. Es importante elaborar y aplicar planes de continuidad de los servicios, en particular para las personas con discapacidad que tienen grandes necesidades de apoyo, así como medidas para reducir la posible exposición al COVID-19 durante la prestación de servicios41. Esto incluye orientación práctica y asesoramiento actualizado a los cuidadores informales sobre cómo apoyar a las personas con discapacidades de manera segura para todos.
Ampliar el apoyo de la comunidad a las personas con discapacidad. El crecimiento de la demanda de servicios de apoyo en la comunidad sin una correspondiente oferta de servicios puede aumentar la presión sobre las familias para que presten servicios de atención no remunerados e informales, con consecuencias negativas tanto en personas con discapacidades como en miembros de la familia, en particular mujeres42.
Figura 3. Relación empleo-población, para las personas de 15 años o más, por situación de discapacidad y sexo, 2006-2016
En Argentina, España, Perú y otros países, por ejemplo, las personas que prestan apoyo a las personas con discapacidad están exentas de las restricciones de movimiento y el distanciamiento físico43. Redes de apoyo comunitario también se han desarrollado en Colombia y otros países que reclutan voluntarios que apoyan a las personas con discapacidad y a las personas de edad en sus compras de comestibles y de otro tipo44.
PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPLEO
La protección social ya ha demostrado ser un elemento clave en la ayuda inmediata que se ha de prestar a las personas afectadas por el impacto socioeconómico de la crisis45. Es particularmente pertinente para las personas con discapacidad que no tienen trabajo, que han perdido su empleo o sus ingresos derivados de la economía sumergida, todos los cuales están en riesgo de pobreza y extrema pobreza.
Ampliar la protección social general y la dirigida a los discapacitados y adaptar los mecanismos de prestación de servicios para proporcionar un alivio y un apoyo adecuados a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto puede hacerse mediante: el adelanto y/o el aumento de los pagos de las prestaciones por discapacidad; la ampliación de la cobertura a las personas con discapacidad ya inscritas pero que anteriormente no reunían las condiciones necesarias, y mediante la inscripción (en línea) de personas con discapacidad; proporcionar complementos por discapacidad a los beneficiarios de los planes generales de asistencia social, incluidos los familiares que tienen que dejar de trabajar para apoyar a las personas con discapacidad; y establecer el pago electrónico y la entrega a domicilio de dinero en efectivo y de alimentos y artículos no alimentarios esenciales.
El empleo y las condiciones de trabajo deben responder a la accesibilidad y la inclusión. Las personas con discapacidades que siguen trabajando, ya sean trabajadores esenciales u otros, pueden necesitan protección o ajustes específicos para mantenerse a salvo durante la pandemia. En todo momento es importante que los empleadores proporcionen entornos accesibles y ajustes razonables en el lugar de trabajo basados en las necesidades individuales. Las personas con discapacidad que son propietarias de empresas o trabajan en la economía sumergida pueden necesitar un apoyo especial para ser capaces de mantener sus medios de vida.
Hacer accesibles e inclusivos las modalidades y condiciones de trabajo alternativas. Las plataformas y las nuevas formas de reunión deben ser accesibles a todos, y se deben hacer los ajustes adecuados para que las personas con discapacidad puedan trabajar desde su casa.
Garantizar que las medidas de salud y seguridad laboral incluyan la discapacidad. Las nuevas medidas de salud y seguridad laboral pueden aplicarse particularmente a las personas con discapacidad. En tales casos pueden ser necesarias algunas adaptaciones, como la prioridad del teletrabajo o la concesión de permisos remunerados.
Los métodos para salir del confinamiento deben ser sensibles a la situación particular de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad y sus familiares o servicios de apoyo tienen diferentes niveles de vulnerabilidad a la COVID-19. Algunas personas con discapacidad, incluidas las personas mayores con discapacidad, pueden necesitar aislarse durante más tiempo que otros grupos. La protección social y las disposiciones laborales deben ser adaptables para apoyar su capacidad de hacerlo.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado una nota informativa sobre las medidas socioeconómicas para las personas con discapacidad. También se puede obtener información sobre la inclusión de la discapacidad en COVID-19 y el mundo del trabajo y Medidas de protección social para las personas con discapacidad en la crisis de la COVID-19.
EDUCACIÓN
Es probable que los estudiantes con discapacidad se enfrenten a mayores barreras para acceder a la enseñanza a distancia o para reincorporarse a las clases una vez que estén disponibles, y corren un mayor riesgo de abandonar la educación durante las interrupciones del aprendizaje.
Asegurar que la educación a distancia sea accesible e inclusiva para los estudiantes con discapacidad. Los agentes educativos deben adoptar medidas para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y los planes de regreso a clases. Esto puede incluir el suministro de equipo especializado para apoyar su aprendizaje, incluida la tecnología y los dispositivos de asistencia, y el apoyo a los cuidadores/padres de los niños con discapacidad. La UNICEF ha elaborado una nota orientativa para el personal y los asociados sobre el apoyo al aprendizaje de los niños en las zonas de cierre de las centros escolares, lo que incluye orientación sobre cómo hacer que el aprendizaje sea accesible a los niños con discapacidad46.
Abordar los impactos que van más allá del aprendizaje. Para muchos niños con discapacidad, las relaciones con los compañeros, la percepción social y la competencia social son aspectos importantes de sus planes de educación individual, que se ven cuestionados en el contexto del cierre de los centros escolares. El cierre de centros escolares también puede significar que muchos niños con discapacidad no tendrán acceso a servicios complementarios47 , tales como revisiones médicas y la alimentación, o mecanismos de orientación para el maltrato y el abandono.
Asegurar que los planes de retorno a clases sean inclusivos. Los agentes de la educación deben velar por que los planes de retorno a clases sean inclusivos para los niños y jóvenes con discapacidad, en reconocimiento del aumento en la brecha de aprendizaje y logro. Esto puede incluir el desarrollo de planes para la educación acelerada, programas de recuperación y de puesta al día.
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA
Las personas con discapacidad suelen enfrentarse a incidentes de violencia en situaciones de aislamiento, y las mujeres y niñas con discapacidad corren un riesgo aún mayor48. La denuncia y el acceso a los servicios y la asistencia en materia de violencia doméstica son particularmente difíciles, ya que por lo general no son inclusivos ni accesibles para las personas con discapacidad.
Asegurar servicios de asistencia a las víctimas que sean inclusivos y accesibles. Es importante asegurar que los mecanismos de presentación de informes y el acceso a los servicios de asistencia a las víctimas sean accesibles para las personas con discapacidad49. Ser proactivo e innovador para llegar a los que están aislados, incluso mediante redes voluntarias, ha demostrado ser una medida clave, así como asegurar que el asesoramiento en línea y otras soluciones basadas en la tecnología sean accesibles y respondan a la diversidad de las personas con discapacidad.
Fortalecer la concienciación y el conocimiento. El fomento de la capacidad de los servicios y las comunidades para prevenir la violencia relacionada con la discapacidad es fundamental, al igual que la promoción de la sensibilización sobre la violencia contra las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas. Por ejemplo, ONU Mujeres Papua Nueva Guinea está trabajando con los asociados para integrar los aspectos de la COVID-19 y mejorar la calidad y las normas de asesoramiento y de las reclamaciones enfocadas en particular a las mujeres con discapacidad. Se está apoyando a las mujeres con discapacidad para que realicen campañas para poner fin a la violencia contra las mujeres durante una pandemia.
ÁMBITOS HUMANITARIOS
Las personas con discapacidad en contextos humanitarios y de desastres se enfrentan a problemas específicos y más graves en el brote de la COVID-19: barreras para la aplicación de medidas básicas de higiene; limitaciones de distanciamiento físico en lugares de alta densidad; barreras para acceder a la atención de la salud sobre la base tanto de la discapacidad como de la condición jurídica, lo que puede determinar y restringir su acceso a la atención de la salud y otros servicios50. Las directrices del Comité Permanente entre Organismos (IASC) sobre la inclusión
de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria proporcionan información sectorial detallada a los interesados que trabajan en contextos humanitarios51.
Asegurar una asistencia humanitaria y una respuesta a los desastres que incluya la discapacidad. Los mecanismos de coordinación nacionales y locales, así como los planes de preparación y respuesta deben incluir la discapacidad. En particular es importante asegurar que los planes de respuesta humanitaria tengan en cuenta las respuestas dirigidas a las personas con discapacidad, en particular en materia de agua, saneamiento e higiene, salud, y alimentación y nutrición, con los recursos, la supervisión y el ajuste adecuados, según sea necesario. Las adaptaciones concretas de la asistencia humanitaria podrían incluir, por ejemplo, la mejora de la accesibilidad de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene; la distribución de artículos y suministros de higiene adicionales o específicos para las personas con discapacidad; y la asistencia para la construcción de refugios específicos para que las personas en situación de riesgo permitan el distanciamiento físico; el suministro de bienes en especie, la asistencia en efectivo y con vales, y la prestación de servicios directos; y el establecimiento de arreglos alternativos para la distribución de alimentos y artículos no alimentarios a los hogares de las personas con discapacidad.
5. Cumplir con los Objetivos de Desarrollo de la SAARC – Reconstruir mejor
Todo lo que hagamos durante y después de la crisis de la COVID-19 debe tener un fuerte enfoque en construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que sean más resistentes a las pandemias y a los muchos otros desafíos mundiales a los que nos enfrentamos.
Los esfuerzos inmediatos de los países por lograr la recuperación social y económica serán cruciales para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), entre otras cosas para abordar las desigualdades y asegurar que nadie se quede rezagado 52.
Al mismo tiempo que se reconstruye mejor 53, es fundamental que las personas con discapacidad formen parte de la respuesta que los países, a menudo con el apoyo de las Naciones Unidas, están preparando. Estas respuestas, si están bien diseñadas, pueden abordar la exclusión y la discriminación a que hacen frente las personas con discapacidad, creando así comunidades y sistemas más resistentes.
Para construir comunidades iguales, inclusivas y resistentes es importante:
1. Involucrar efectivamente a las personas con discapacidad en todas las etapas de la respuesta: Al apoyar las iniciativas locales, los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas, los donantes internacionales y las organizaciones de la sociedad civil deben promover, financiar y vigilar la inclusión de las personas con discapacidad en todas las etapas de la elaboración y aplicación de las medidas pertinentes.
2. Dar prioridad a las personas con discapacidad en la respuesta socioeconómica: Modelos económicos nacionales y subnacionales y Los supuestos deben ser revisados críticamente para identificar las lagunas que afectan desproporcionadamente a las personas con discapacidad y tener en cuenta el costo de la sub-inversión en la inclusión de la discapacidad.
3. Hacer un seguimiento de la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad en los planes nacionales de respuesta y recuperación: Una respuesta inclusiva a largo plazo debe estar estrechamente vinculada a los procesos nacionales inclusivos de planificación y financiación del desarrollo. La inclusión de la discapacidad debería ser un requisito en todas las acciones y sistemas de la COVID-19 para permitir el seguimiento y la rendición de cuentas (por ejemplo, el marcador de discapacidad del CAD de la OCDE) 54.
4. Mejorar los resultados sanitarios de las personas con discapacidad: Ello supone la creación de sistemas de salud accesibles, la capacitación del personal sanitario basada en los derechos y la garantía de una cobertura sanitaria universal para las personas con discapacidad como piedra angular para alcanzar los objetivos del SDG relacionados con la salud. Además, la mejora de los determinantes de la salud para las personas con discapacidad es fundamental.
5. Construir sistemas de protección social sostenibles e inclusivos de la discapacidad: Prestaciones universales por discapacidad a lo largo del ciclo de vida que aborden los problemas relacionados con la discapacidad Los costos adicionales deben diseñarse de manera que sean compatibles con el empleo y otros planes de asistencia social destinados a la seguridad de los ingresos básicos.
6. Abordar la situación específica de los trabajadores con discapacidad en todos los sectores: Los paquetes de estímulo, incluidos los que promoverán la capacitación y los empleos en la transición a una economía ecológica, deberían incluir explícitamente a las personas con discapacidades en general, así como a las mujeres y los jóvenes con discapacidades en particular.
7. Invertir ahora en soluciones basadas en la comunidad: Es necesario prestar especial atención a las personas con discapacidad que viven en las instituciones y los fondos residenciales deberían utilizarse para iniciar, acelerar y completar las estrategias de desinstitucionalización y la transición a soluciones de base comunitaria. Ello incluye invertir y desarrollar servicios de apoyo y poner en práctica servicios inclusivos a nivel local, como la educación y la atención primaria de la salud, incluida la rehabilitación, como piedras angulares para alcanzar los objetivos del SDG para las personas con discapacidad.
8. Iniciar el diálogo y la colaboración entre múltiples interesados: Se requiere una vinculación intersectorial para abordar la naturaleza multidimensional de la discapacidad y la respuesta sectorial que es necesaria. Será fundamental reunir a todas las partes interesadas -gobierno, entidades de las Naciones Unidas, sector privado, organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil en general- en el diseño, la aplicación y la supervisión del plan de reconstrucción a largo plazo.
6. Conclusión
COVID-19 ha creado una crisis humanitaria de escala sin precedentes, que está afectando desproporcionadamente a mil millones de personas con discapacidad.
Esto requiere una respuesta sin precedentes —una extraordinaria ampliación del apoyo y el compromiso político— para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios esenciales, incluidos los servicios de urgencia de salud y protección social, para superar la crisis.
Una respuesta y recuperación de la COVID-19 que incluya la discapacidad servirá mejor a todos. Proporcionará sistemas más inclusivos, accesibles y ágiles capaces de responder a situaciones complejas, llegando primero a los más alejados.
Preparará el camino para un futuro mejor para todos.
NOTAS
1 UN DESA Disability and Ageing
2 WHO and World Bank, World Report on Disability (2011); UN DESA, Ageing and Disability; UNICEF, Children and Young People with
Disabilities (2013).
3 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), Factsheet on Persons with Disabilities
4 United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of Covid-19, March 2020
5 WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak, 2020; H. Kuper & P. Heydt, The Missing Billion, access to health services
for 1 billion people with disabilities, LSHTM, 2019; I. Mactaggart et al. (2018), Access to water and sanitation among people with
disabilities, BMJ open vol. 8(6), e020077.
6 WHO, World Report on Disability, 2011; A. K. Singh et al. (2020), “Comorbidities in COVID-19: Outcomes in hypertensive cohort and
controversies with renin angiotensin system blockers”, Diabetes & metabolic syndrome 14(4).
7 OECD Health Statistics 2019, Beds in residential long-term care facilities, Long-term care beds in hospitals and Psychiatric care beds
in hospitals, available at https://oe.cd/ds/health-statistics; M. Luppa et al (2010), “Prediction of institutionalization in the elderly. A
systematic review”, Age Ageing 39(1).
8 Penal Reform International, Global Prison Trends 2020
9 United Nations, Policy Brief: Impact of COVID-19 on Older Persons, May 2020
10 United Nations, COVID-19 and Human Rights: We are all in this together, April 2020
11 A. Comas-Herrera et al. (2020), “Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence”
12 A. Comas-Herrera et al. (2020), “Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence”
13 S. Bagenstos (2020), “May Hospitals Withhold Ventilators from COVID-19 Patients with Pre-Existing Disabilities? Notes on the Law and
Ethics of Disability-Based Medical Rationing”, 130 Yale Law Journal Forum (Forthcoming)
14 Baart & F. Taaka (2017), “Barriers to Healthcare Services for People with Disabilities in Developing Countries: A Literature Review”,
Disability, CBR & Inclusive Development, 28(4).
15 United Nations, Disability and Development Report, Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with
disabilities, 2018
16 Mitra, S. and Kruse, D., 2016. Are workers with disabilities more likely to be displaced?. The International Journal of Human Resource
Management, 27(14), pp.1550-1579.
17 ILO 2017 World report on social protection Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals; page 66-73,
ILO 2019. Measuring financing gaps in social protection for achieving SDG target 1.3 global estimates and strategies for developing
countries UN DESA, 2017, Promoting social inclusion through social protection, Report on the World Social Situation S. Kidd et al.,
Leaving No-one Behind: Building Inclusive Social Protection Systems for Persons with Disabilities, Development Pathways, 2019.
18 United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, April 2020
19 United Nations, Disability and Development Report, Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with
disabilities, 2018
20 United Nations, Disability and Development Report, Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with
disabilities, 2018
21 United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Children, April 2020
22 United Nations, Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, April 2020
23 UN Women, COVID-19 and ending violence against women and girls, 2020
24 L. Jones et al. (2012), “Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of
observational studies”, The Lancet 380(9845); K. Hughes et al. (2012), “Prevalence and risk of violence against adults with disabilities:
a systematic review and meta-analysis of observational studies”, The Lancet 379(9826).
25 J. Meaney-Davis et al., The impacts of COVID-19 on people with disabilities: a rapid review, Inclusive Features, Disability Inclusion
Helpdesk Query No: 35, 2020
26 United Nations, COVID-19 and Human Rights: We are all in this together, April 2020
27 Reasonable Accommodation means “Necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or
undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis
with others of all human rights and fundamental freedoms” (CRPD Article 2)
28 United Nations, Disability and Development Report, Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with
disabilities, 2018
29 Universal design means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest
extent possible, without the need for adaptation or specialized design (CRPD Article 2).
30 E. Steinfeld, Education for all: the cost of accessibility, World Bank Education Notes, 2005.
31 CRPD, Article 4.3.
32 Washington Group (WG) on Disability Statistics, Questions sets,
33 WHO and World Bank, World Report on Disability (2011).
34 WHO and World Bank, World Report on Disability (2011).
35 United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of Covid-19, March 2020
36 UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD) supports joint programmes by UN agencies together with
governments and organizations of persons with disabilities at country level to advance CRPD implementation. In Nepal, the UNPRPD
project is jointly implemented by UNDP, UNFPA, WHO and UN Women and partners.
37 R. D. Truog et al. (2020), “The Toughest Triage — Allocating Ventilators in a Pandemic”, The New England Journal of Medicine,
DOI: 10.1056/NEJMp2005689.
38 WHO, Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, 2016.
39 United Nations, Policy Brief: Impact of COVID-19 on Older Persons, May 2020
40 OHCHR, Covid-19 and the Rights of Persons with Disabilities: Guidance, May 2020
41 WHO, Disability considerations during the COVID-19 outbreak, March 2020
42 C. Devandas, UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Access to rights-based support for persons with
disabilities, UN Doc. A/HRC/34/58, 2016.
43 Argentina, Decree 297/2020, Article 6.5.; Spain Real Decree 463/2020; Peru Supreme Decree No 044-2020-PCM.
44 Such practice is promoted by States, such as Colombia.
45 United Nations, Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the Socio-Economic Impacts of Covid-19, March 2020
46 UNICEF, All Means All – How to support learning for the most vulnerable children in areas of school closures, 2020
47 United Nations, Policy Brief: The impact of COVID-19 on Children, April 2020
48 S. Hellum Braathen, P. Rohleder and G. Azalde, “Sexual and reproductive health and rights of girls with disabilities: a review of the literature”, SINTEF, 2017.
49 United Nations, Policy Brief: Impact of COVID-19 on Women, April 2020
50 See also references to persons with disabilities in the UN-led COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, March 2020
51 Inter-Agency Standing Committee, IASC Guidelines on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action, 2019
52 United Nations, A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19, April 2020
53 United Nations, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, 2015
54 OECD, Handbook for the marker for the inclusion and empowerment of persons with disabilities, 2019
Traducción: Asociación Mácula Retina.
Web Relacionada
